LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL NO.

Artículo de Alfredo Boné,  Secretario General del Partido Aragonés.

Muchas veces he dicho que para superar los debates hidráulicos, siempre complejos y llenos de matices, no son suficientes las votaciones en las que “la mitad más uno” se impone y avasalla a la parte minoritaria. En un reciente libro sobre modelos de participación social en la gestión del agua, volvíamos a defender la necesidad de que los acuerdos se asienten sobre bases sociales y políticas sólidas, tal como hemos hecho en Aragón en esta legislatura. Pero una vez alcanzados esos acuerdos amplios, lo más importante es cumplirlos. Y, desde ese momento, las instituciones tienen el deber de velar por el interés general frente a la dictadura de las minorías.

La Comisión del Agua de Aragón aprobó descartar el recrecimiento a cota máxima del embalse de Yesa aduciendo importantes motivos sociales y ambientales. Y con más del ochenta por ciento de los votos, apostó por recrecerlo a una cota intermedia, de modo que no afectara a ninguna población. La inmensa mayoría de instituciones, asociaciones y entidades representadas en la Comisión votaron a favor. Y también todos los partidos... salvo CHA. Chunta, una vez más, volvía a convertirse en referente único de la cultura del “no” (cultura a la que se han abonado en otros asuntos vitales para Aragón como el Estatuto). Y, lejos de renunciar a cerrar heridas, el Ayuntamiento de Artieda, de CHA, persistía en intentar criminalizar a los técnicos responsables del recrecimiento.

El Ayuntamiento gobernado por CHA acusó de prevaricación y otros graves delitos a los técnicos, delitos que ya fueron descartados hace un año por la Audiencia Provincial de Madrid. El consistorio de CHA recurrió, pero el Supremo, hace sólo unos días, ha dado por cerrado el caso penal en una contundente sentencia.

Los dirigentes de CHA deberían hacer una reflexión. ¿Hasta dónde están dispuestos a torpedear lo que la inmensa mayoría social y política quiere y defiende para Aragón? Por supuesto que la discrepancia ideológica es legítima, y también lo es defender lo que cada cual considere en los tribunales. Pero aun siendo todo ello cierto, ¿quién se responsabiliza políticamente del daño hecho a las personas injustamente acusadas, del tiempo perdido para Aragón y del dinero público invertido en pleitos? Por fortuna, los ciudadanos tienen en las elecciones del 27 de mayo una buena oportunidad para pasar factura a estas posiciones radicales.

Despejado todo nubarrón judicial, el Ministerio de Medio Ambiente no puede permanecer ni un día más sin sacar a información pública el nuevo proyecto de Yesa. El esfuerzo realizado por los aragoneses y las necesidades de regadío, abastecimiento y laminación de avenidas lo merecen. El camino emprendido es el correcto: el ambicioso y millonario plan de desarrollo sostenible aprobado por el Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza y Gobierno central se pondrá en marcha antes de que el recrecimiento finalice y, de este modo, los municipios del entorno de Yesa tendrán garantizadas inversiones y nuevas oportunidades de futuro, empleo y riqueza.

Aragón tiene demasiados retos como para quedarse inmóvil debatiendo siempre sobre los mismos temas. Yesa, como la regulación del Gállego, el Ésera o el Matarraña, son asuntos felizmente superados. Ahora toca acometer las obras y los planes de desarrollo sostenible con la mayor celeridad posible. Hay que aprender de los errores del pasado y mirar al futuro. Un futuro que sin duda pasa por que Aragón cuente con competencias plenas en materia de agua.