AGUA, COMPETENCIAS Y FUTURO.
El pasado martes 18 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobaba la firma de un protocolo marco entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno aragonés para avanzar hacia una mayor implicación, representación y participación activa de nuestra Comunidad en la gestión de competencias estatales en materia de agua y medio ambiente.
Se reflejaba así, con gran celeridad, el compromiso adquirido en la reunión que mantuve el pasado 6 de septiembre, como consejero de Medio Ambiente, con la ministra Cristina Narbona. La firma de este protocolo supondrá un nuevo hito en el camino hacia el autogobierno de Aragón, y es una prueba práctica de las enormes posibilidades que se abren gracias al marco de relaciones bilaterales que establece el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón. En especial, se inicia un camino -de amplio recorrido- para la necesaria y deseada participación de la Comunidad en la ejecución y explotación de las obras de titularidad estatal.
El protocolo se firmará tras su correspondiente tramitación por parte del Gobierno de España, y se concretará posteriormente mediante convenios específicos temáticos. El primero de ellos deberá versar sobre actuaciones del ciclo del agua, muy en especial las relacionadas con la depuración y calidad de los ríos, y con el seguimiento de las obras hidráulicas de interés general más importantes para Aragón. Así lo hemos demandado en una proposición no de ley conjunta del PAR y el PSOE presentada esta semana en las Cortes de Aragón.
El objetivo es reforzar la coordinación en el ejercicio de las competencias, y establecer nuevas fórmulas de cooperación que permitan una mayor eficacia administrativa, la agilidad en la ejecución de las actuaciones, la excelencia en la gestión y una adecuada respuesta de las instituciones a las expectativas, demandas y necesidades ciudadanas actuales y futuras, especialmente en los planes y proyectos que cuentan con más respaldo social y político.
Desde el Partido Aragonés, hemos sido siempre muy firmes a la hora de exigir para Aragón las mayores competencias y la participación adecuada de la Comunidad en todos los organismos de planificación hidráulica. En el Estado de las Autonomías, no se sostiene una Administración hidráulica propia de principios del siglo XX. Estamos convencidos de que la gestión autonómica será la única manera de poder disponer, algún día, de las infraestructuras y modelos de organización precisos para garantizar una gestión integral del agua, en cantidad y calidad suficientes, para afrontar un crecimiento sostenible y las necesidades socioeconómicas futuras. Todo ello, por supuesto, con la debida visión de Estado y el respeto al principio de unidad de cuenca.
Hay que reconocer la voluntad política mostrada por la ministra Cristina Narbona para avanzar hacia un marco de mayor implicación de las Comunidades en la gestión del agua. El futuro protocolo situará a Aragón entre las autonomías pioneras en asumir cotas de responsabilidad en competencias estatales. Es, sin duda, un gran paso en la dirección correcta. Para algo ha servido ya este trabajo continuado del PAR: por un lado, partidos tan dispares como el PP e Izquierda Unida se han sumado a la exigencia del PAR de que la futura reforma de la Ley de Aguas dote a las Comunidades de un peso decisivo en los órganos de gobierno de las Confederaciones Hidrológicas. Por otra parte, se han vuelto a poner sobre la mesa problemas atávicos de la administración central tan difícilmente explicables como las demoras en la tramitación y ejecución de las obras del Pacto del Agua (consensuadas gracias al esfuerzo de la Comisión del Agua) o las depuradoras del Pirineo, que acumulan catorce años de demora, y que han visto pasar a los anteriores gobiernos socialistas y del PP sin que acometieran avance alguno.
Que cada partido haga una reflexión sobre qué ha aportado a la política hidráulica de Aragón. Unos pretendieron imponer un trasvase letal. Otros intentaron torpedear todas las obras de regulación. Por suerte, en Aragón siempre ha primado el sentido común, la palabra, el talante y el acuerdo. Sólo así hemos podido alcanzar consensos sin precedentes en la Comisión del Agua. Estos amplios acuerdos son la mejor garantía de que podremos avanzar de manera firme y sin más sobresaltos. Sin ese trabajo de consenso, hubiese sido imposible contar jamás con las obras hidráulicas más demandadas.
Como consejero de Medio Ambiente, presidente de la Comisión del Agua y secretario general del Partido Aragonés, tengo el triple de motivos que nadie para ser muy crítico y beligerante con los retrasos del Gobierno central a la hora de ejecutar las obras. Pocos han podido contemplar tan de primera mano cuánto esfuerzo colectivo se ha invertido en los acuerdos de la Comisión del Agua. Pero la ciudadanía nos exige a los políticos que aportemos soluciones. Sin escudarnos en siglas o en si las competencias son propias o ajenas. En eso seguimos empeñados día a día. Y no reblaremos.
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