EL PAR SE OPONDRÁ AL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO MIENTRAS NO SE CUMPLA EL ACTUAL.

El secretario general del Partido Aragonés, Alfredo Boné, ha denunciado que “Aragón se enfrenta a una nueva y muy grave amenaza en política hidráulica estatal”, con el proceso abierto para la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, prevista para antes de 2009. Boné ha señalado que “no vemos una voluntad real por parte del Estado en afrontar esta revisión desde el necesario consenso con todas las Comunidades Autónomas”.

Por ello, ha anunciado que “en el PAR nos opondremos a la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca actual en tanto en cuanto no se acometan las obras del actual Plan de Cuenca, tal como pidieron las Cortes de Aragón en septiembre de 2005”. El PAR pide que Aragón no sea tratado “como un interlocutor más, sino que tiene que ser la voz principal en este proceso de reforma”.

Por su parte, el presidente intercomarcal del PAR en el Alto Aragón, y director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, ha expuesto que “mucho nos tememos que el Estado está mucho más preocupado en escuchar a Cataluña y a determinados colectivos que en buscar un consenso con todos los Gobiernos autonómicos”.

Boné ha advertido del “gravísimo peligro para los intereses de Aragón que puede suponer un incremento desproporcionado del caudal ecológico del Delta, que conllevaría el recorte en el uso aguas arriba y, por tanto, de las obras de regulación”. Según Boné, la revisión del Plan de Cuenca puede ser el peor trasvase que haya amenazado jamás a Aragón si se acomete sin el acuerdo de nuestra Comunidad.

Boné ha advertido que “desde el Partido Aragonés vamos a defender, con capa y espada, las Bases de la Política del Agua en Aragón (aprobadas por las Cortes y el Gobierno de Aragón) y todas las resoluciones aprobadas en las Cortes”.

En este sentido, la resolución de las Cortes de Aragón, de 15 de septiembre de 2005, aprobada tras el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2005, dice textualmente: “Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de la Nación para que éste ejecute en Aragón las obras contempladas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro y en el Plan Hidrológico Nacional, con las modificaciones aprobadas en la Comisión del Agua de Aragón, como paso previo a cualquier modificación del citado Plan Hidrológico de Cuenca y agilice el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón referentes a los embalses de Yesa y de San Salvador”.

Por su parte, las Bases de la Política del Agua de Aragón exigen “impulsar la creación de una Comisión Mixta entre el Estado y Aragón que coordine los trabajos técnicos de revisión de los tres planes en territorio aragonés, dentro del respeto al principio de unidad de cuenca y con el acuerdo de todas las Comunidades Autónomas de la Cuenca”.

Según las bases, el Gobierno de Aragón debe solicitar del Gobierno de la nación que adopte las iniciativas necesarias tanto para que las presentes bases sean incorporadas a los Planes Hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo, como para que pueda modificarse la ley del Plan Hidrológico Nacional en el mismo sentido”. Siguiendo con la redacción textual de las Cortes, “si la acción del Gobierno de Aragón no tuviera el resultado que se indica, correspondería a las Cortes aragonesas hacer uso de la iniciativa legislativa prevista en la Constitución, y presentar una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados con el mismo fin de incorporar a la planificación hidrológica estatal las acciones derivadas de las presentes Bases”.

ARAGÓN, EN LOS ÓRGANOS DE PLANIFICACIÓN

El PAR exige justicia con una Comunidad, Aragón, que aporta casi la mitad de la superficie de la cuenca hidrográfica (49,4%), casi la mitad de la población de toda la cuenca (40,55%) y casi el 40% del caudal medio del Ebro en régimen natural.

Boné ha advertido que “el PAR va a ser también muy beligerante en la reivindicación de que Aragón esté adecuadamente representado en los futuros órganos de planificación, así como en todos los órganos de gobierno de las confederaciones hidrográficas”.

La Ley de Aguas, que se encuentra en revisión, prevé quitar el voto de las Comunidades Autónomas en el Consejo Nacional del Agua, y seguir primando la mayoría de voto del Estado en el Comité de Autoridades Competentes frente al de las Comunidades Autónomas, a pesar de que sí se ha conseguido, a instancias del Gobierno de Aragón, que las Comunidades tengan el voto ponderado según su aportación territorial.

COMPETENCIAS PLENAS

Boné ha vuelto a reivindicar competencias plenas para Aragón en materia de agua, algo “irrenunciable para el PAR”. “En el PAR estamos convencidos de que Aragón no tendrá garantizadas sus necesidades y sus obras de regulación mientras no tenga competencias plenas en materia de agua”.

Como reivindicaciones más importantes para Aragón figuran la ejecución de las obras hidráulicas planificadas por el Estado para Aragón, la concesión de caudales, competencias en las autorizaciones de vertido, autorizaciones de obra en el dominio hidráulico, ejercicio de la función ejecutiva de policía del dominio público hidráulico, incluida la capacidad inspectora y tramitación de expedientes sancionadores hasta la resolución; regulación y ejecución de las actuaciones relativas a canales y regadíos conforme a los derechos históricos de Aragón; y garantizar la representación de Aragón en Juntas de Explotación, en las Juntas de Obras y en las Comisiones de desembalse de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, de acuerdo con su aportación territorial.